Cuando vemos las interminables
colas, la serie de trámites y los abusos de especulación para efectos de renovar la licencia de
conducción, nos da la impresión de que al estado colombiano (ciertos despachos
como el Ministerio del Transporte) goza viendo el sufrimiento del pueblo.
Nadie puede pensar lo
contrario, pues lo lamentable es que esas normas las aprueba una rama del poder
público que se llama Congreso de la república, organismo que supuestamente
representa a los colombianos.
Para nadie es ajeno pensar que
si el gobierno nacional se inventa estos trámites, es el mismo estado el que
debe financiar los costos de este documento que le está saliendo a los
ciudadanos un gasto imprevisto que solo está
beneficiando las arcas oficiales y el
bolsillo de los especuladores de los exámenes. Esta disposición está basada,
entre ellas en las Leyes 769 de 22002 y 1383 de 2010, lo que indica que los
señores padres de la patria no pueden decir que nada tienen que ver con lo que muchos han denominado el ‘regalo’ del
año del gobierno. Ampliación
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